martes, 20 de diciembre de 2011

Toxo lamenta que se intente "la criminalización" de los trabajadores públicos

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha advertido al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "sería muy injusto volver a atacar" los sueldos de los empleados públicos.

Toxo ha dicho que espera que se respeten las condiciones de la función pública y ha reiterado su rechazo a las declaraciones del presidente de la patronal, Juan Rosell, que planteó que se puedan despedir empleados públicos como en la empresa privada. 

Ante la actual situación de crisis y el riesgo de entrar en recesión el próximo año, Toxo cree necesario enviar "mensajes optimistas" a la sociedad y así espera que el Gobierno de Rajoy haga "cosas distintas" a las fórmulas aplicadas hasta el momento y que "nos han llevado a este fracaso colectivo", alejando así el impulso económico "de la especulación inmobiliaria y financiera", y apostando por la modernización de sectores estables como la industria.

El secretario general de CCOO, también ha respondido a las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, sobre la implantación de los 'mini empleos' señalando que es un abuso, que persigue que el trabajador esté absolutamente a disposición del empresario.  "Parece que quieren que se vuelva al siglo XVIII o XIX, cuando los terratenientes acudían a las plazas de los pueblos en busca de mano de obra para unas horas", ha recalcado el secretario general de CCOO.

A juicio de Toxo, la propuesta de implantar los "mini empleos" supondría deteriorar de tal manera el mercado de trabajo que al final la gente estaría a disposición de la acción discrecional de las empresas. "Es tramposo" utilizar el argumento que emplea la CEOE sobre que si a un parado le preguntas si quiere un 'mini empleo' o nada, decida quedarse con el 'mini empleo' porque "si se le pregunta a quien le van a cortar los dos brazos si prefiere que le corten uno solo, pues probablemente también diga que sí. 

Por otro lado, respecto a la petición, también de Rosell, de despedir funcionarios, Toxo ha replicado que "si dice que sobran 900.000 funcionarios, que ponga los datos sobre la mesa, y explique quién va, en dónde y quien no está trabajando". Según ha recordado, España tiene mucho menos empleo público por cada 1.000 habitantes que Suecia, Francia o Alemania. Sólo los países que han sido rescatados -Grecia, Portugal e Irlanda- tienen menos empleo público que España.


En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren
Artículo de Juan Torres López (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla) publicado en Nueva Tribuna.

"El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio. Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo. "

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