jueves, 1 de noviembre de 2012

El Gobierno facilita los EREs del personal laboral y contratado








La aprobación del Reglamento que facilita los despidos colectivos (EREs) del personal laboral y contratado en las Administraciones Públicas, incluida la Universidad, justifica por si solo nuestra participación en la Huelga General 

El Gobierno abre la puerta a los despidos colectivos en el sector público, eliminando incluso la posibilidad de reducir la jornada o sufrir su aplicación de manera temporal, ya que el único método que contempla es el despido, cuando para las empresas privadas se pueden aprobar EREs de reducción de jornada o de "suspensión temporal de contrato" por varios meses para luego reintegrarse a la empresa.

El Real Decreto publicado el pasado martes en el BOE regula el procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Dicho reglamento incorpora un título completo dedicado al procedimiento aplicable al personal laboral y contratado de las Administraciones Públicas, por el cual se puede poner en marcha un despido colectivo en un ayuntamiento, comunidad, ministerio, universidad o un ente público con déficit y con un 5% menos de presupuesto. La normativa aprobada empeora además los borradores conocidos hasta la fecha al rebajar al 5% la insuficiencia presupuestaria que en las primeras versiones exigía al menos el 10%.

Esta medida, que es consecuencia directa de la última reforma laboral, carga si cabe con más razones a los sindicatos para la convocatoria de la huelga general para el próximo 14 de noviembre en todas las Administraciones públicas, incluidas las universidades.

Al respecto de la aprobación del RD, el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, ha declarado que 700.000 empleados públicos con contrato laboral ven amenazados sus empleos, lo que además supone "una discriminación negativa respecto al sector privado", puesto que en éste antes de recurrir a despidos se pueden poner en marcha medidas de "flexibilidad", como ERE de reducción de jornada o temporales, algo que no la nueva Ley no permite en las administraciones.

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