lunes, 23 de enero de 2017

Otra pérdida de poder adquisitivo en nuestros salarios

La negativa del Gobierno a aprobar el incremento salarial de las empleadas y empleados públicos separadamente de los Presupuestos (PGE2017) supone un dato preocupante


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Más allá del retraso que estamos sufriendo como consecuencia de esa decisión del ministro Montoro, la negativa del Gobierno a aprobar nuestro incremento salarial mediante RD Ley y posponerlo hasta que estén aprobados los PGE2017, es la evidencia de que no están por cambiar de política. Al menos en lo que se refiere al personal que trabaja para las Administraciones Públicas.

Sobre todo considerando que aún ni siquiera hay un anteproyecto de Presupuestos.

Por ahora lo único que ha trascendido son declaraciones difusas que señalan la intención del Gobierno de llevar a cabo un incremento en torno al 1%, similar al del año pasado. Algo totalmente inaceptable si consideramos que llevamos varios años perdiendo poder adquisitivo y que, este año, la previsión del IPC es de subida continua (ya hemos empezado con fuertes aumentos en combustibles y energía eléctrica) por lo que volveremos a sufrir otro revés, no solo con respecto al IPC sino también y como viene siendo habitual con respecto a los salarios pactados en el sector privado.

Reclamamos incrementos salariales que garanticen una mejora significativa del poder adquisitivo, y para ello defenderemos ante el Gobierno y las patronales que los salarios de 2017 se incrementen entre el 1,8% y el 3%.   CCOO denuncia que la recuperación económica no está teniendo reflejo en los/as trabajadores/as, pues el incremento salarial se mantiene en valores alejados del objetivo de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Algo que se agrava si consideramos que son escasas las empresas y Administraciones Públicas que apuestan por la estabilidad en la contratación y demasiadas las que traspasan los límites de la legalidad haciendo contrataciones en fraude de ley, lo que provoca nuevas devaluaciones salariales en estas contrataciones fraudulentas, al margen de los Convenios o de las leyes.

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